Desplazan al jefe de la alcaidía tras denuncias de situaciones irregulares
Le impusieron licencia al trascender anomalías en el movimiento de presos de esa dependencia. Asuntos Internos inspeccionó su oficina por la causa judicial a raíz de la fuga de un traficante en junio.
La alcaidía de Jefatura, en Francia al 5200, donde el martes pasado dejó de ser jefe Adrián Avaro. (foto: Néstor Juncos)
El jefe de la Alcaidía Mayor de la Jefatura de Unidad Regional II, comisario inspector Adrián Avaro, fue apartado de su cargo mediante la imposición de una licencia por tiempo indeterminado, en el marco de una serie de señalamientos críticos por su conducción entre los que destacaba el movimiento de detenidos condenados sin conocimiento judicial. Lo reemplaza el comisario Omar Dal Lago.
Al otro día de la notificación de su licencia obligada, efectivos de la Dirección de Asuntos Internos Policiales intervinieron en las oficinas del funcionario saliente, en cumplimiento de una medida judicial que procura definir cómo ocurrió, en junio pasado, la salida de prisión de un narcotraficante que permanece prófugo. Este individuo abandonó la alcaidía sin violencia alguna y por ese incidente permanecen desde entonces dos policías detenidos.
Las medidas que motivaron la intervención de Asuntos Internos fueron concretadas el miércoles pasado en el marco de la investigación de la fuga del citado narcotraficante, Carlos Fiordelino, que el 5 de junio pasado salió de la alcaidía caminando con un policía en una secuencia que quedó registrada por el sistema de filmación del lugar. Fiordelino había sido apresado dos meses antes en Funes con 55 kilos de marihuana tras un tiroteo con efectivos de la fuerza.
Por la salida de Fiordelino están presos desde entonces el comisario Fabio Antonio Vega, ex subjefe de la alcaidía, y el agente Pablo Jorge Lorca, según una resolución de la jueza de Instrucción Nº 1 Roxana Bernardelli confirmada por la Cámara Penal. Avaro, que estaba a cargo de la alcaidía como jefe, está al margen del trámite judicial de los hechos.
Pero esa circunstancia podría alterarse a partir de otro cambio: el comisario Vega, que lleva cuatro meses privado de libertad, modificó sus dichos iniciales en una reciente ampliación de indagatoria. Ahora consignó la existencia en la alcaidía de una serie de privilegios hacia algunos detenidos, entre ellos salidas de los pabellones hacia el recinto más amplio del penal, que estimó que eran autorizados por el jefe.
Enfermedad. Lo más notorio que dijo el comisario Vega en su nueva declaración fue que Fiordelino, que es un preso federal, no debía estar en la alcaidía de Jefatura aquel día de junio en que se fugó con aparente favor de la custodia. Según expresó, durante cuatro jueves llegaron a la unidad policial de Francia 5200 comisiones del Servicio Penitenciario Federal desde la cárcel de Marcos Paz. El propósito era transferirlo hacia ese presidio bonaerense, lo que no se concretaba porque Fiordelino "siempre se enfermaba". La sospecha que deslizó este oficial es que las enfermedades del preso no existían y que se aludía a ellas para justificar su permanencia en el penal. Y que eso no se hacía a título gratuito.
Vega admitió su creencia de que Fiordelino "pagaba" para quedarse en la alcaidía y recordó que otros detenidos a disposición de juzgados federales se iban más rápido. Citó como ejemplo que Jorge Halford, condenado por narcotráfico en mayo de este año, solamente estuvo detenido dos semanas en la alcaidía, mientras que Fiordelino permaneció cuatro meses.
La novedad en la declaración del ex subjefe de alcaidía indujo a las medidas judiciales que se tomaron el miércoles de la semana pasada en esa dependencia. Para entonces Avaro ya había sido notificado de su licencia.
Fuentes judiciales y del gobierno provincial hicieron constar a este diario que —aunque no se denuncian a menudo por miedo— abundan las referencias contra la conducción saliente de la alcaidía sobre pedidos de dinero a presos para mejorar condiciones de detención, obtener traslados hacia lugares menos rigurosos o mejores raciones de comida y para permitir el ingreso de elementos prohibidos. Estas denuncias llegaron a reparticiones del Poder Ejecutivo y del juzgado de Ejecución. De hecho la jueza de Ejecución Penal de Rosario, Luciana Prunotto, cursó dos notas al jefe de policía provincial durante 2010 ordenando que no se cambiara de lugar a internos que están a su exclusiva disposición sin su permiso. La directiva se basaba en la percepción de que se hacían movimientos de presos sin que ella se enterara.
Un juez de Rosario que ayer habló en reserva con este diario consignó: "Las denuncias que a veces hacen presos sobre pedidos de dinero para mejorar su estadía o conseguir traslados son difíciles de probar. A eso se suma que el testimonio del detenido queda desacreditado por sus delitos o su conflictividad, una situación, precisamente, de la que los funcionarios infieles se valen para concretar las extorsiones".
En el juzgado de Instrucción Nº 12 hay una denuncia del 2 de septiembre sobre una presunta extorsión hacia familiares de un preso de la alcaidía que dijeron que les pedían dinero para concretar un traspaso a otro penal. Según la denuncia el traslado desde la alcaidía hacia la cárcel de Piñero no se efectivizaba pese a que el juez de Instrucción Javier Beltramone lo había autorizado.
Avaro está propuesto para ascender a comisario mayor.
Publicado por Miguel...
No hay comentarios:
Publicar un comentario