Dos nuevas denuncias complican aún más a policías de la localidad de Frontera
Tras la crucifixión de un joven, ahora también los acusan de obligar a un preso a comer sus excrementos y de dispararle a otro.
Los funcionarios policiales que fueron imputados por la crucifixión de un ciudadano de Frontera ahora son investigados por otros dos sucesos en el que habrían vejado y torturado a otro preso y abusado del arma reglamentaria. Según las denuncias, ventiladas ayer ante la prensa por el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal, los policías de la comisaría 6ª de esa localidad del oeste provincial habrían obligado a un preso a comer materia fecal y a tomar orina y herido con disparos a otro detenido.
Los hechos denunciados son investigados ahora por la Unidad Fiscal de Rafaela que durante la mañana de ayer recibió la visita de Olazábal para expresar el "enérgico apoyo a la actividad del fiscal regional, Carlos Arietti y sus colaboradores", ante la gravedad de las denuncias.
El accionar de los policías de la dependencia policial de Frontera tomó trascendencia nacional la semana pasada tras haber sido acusados de crucificar con cintas de embalar a Víctor Robledo y abandonarlo en una esquina de San Francisco, Córdoba. Por esa causa fueron arrestados en principio doce policías y luego seis de ellos recuperaron la libertad y volvieron a sus tareas.
Los acusados permanecen detenidos en la sede de la Unidad Regional V con asiento en Rafaela a disposición de la Justicia y ya participaron de dos audiencias en las que se les imputaron delitos por alterar el libro de guardia, restringir la libertad de Robledo, no permitirle el acceso del reo a alimentos y al sanitario, aplicarle golpes y crucificarlo con cinta de embalar. Sumado a esto, tras conocerse el caso y haber quedado la víctima en libertad, los policías lo "visitaron" en su lugar de trabajo para sugerirle que modifique la declaración primaria y hasta le ofrecieron dinero a cambio.
Otras denuncias. Pero el caso no terminó allí. Durante la mañana de ayer aparecieron otras denuncias que dan cuenta de que los funcionarios policiales habrían privado ilegítimamente de la libertad a dos personas. En el primer caso uno de los detenidos fue alojado en un calabozo de la comisaría totalmente desnudo y esposado de espalda contra la reja y con sus manos fuera de la misma. En esa posición fue obligado a comer su propia materia fecal y luego a beber la orina de otros dos presos que se hallaban en el lugar. Como consecuencia el hombre vomitó y fue obligado por los policías a esparcirse el vómito por su cuerpo.
En el segundo caso se denunció que uno de los policías habría disparado con el arma reglamentaria contra un vecino del barrio Acapulco de Josefina, una población vecina, a quien acusaba de cometer un delito. Para que confiese le descerrajó un tiro en un dedo de la mano izquierda y otro en la pierna que le ocasionó la quebradura del fémur. Según aclararon los investigadores "por el reconocimiento de testigos se identificó a personal de la comisaría de Frontera como los responsables de esos episodios".
Protección a las víctimas. Arietti, quien brindó detalles de estos nuevos casos ante la prensa, dispuso ahora un esquema de protección para las víctimas y testigos que colaboraron con la investigación. "Se adoptaron estas medidas debido al temor y yo diría al terror que sienten las víctimas y los testigos. Se busca evitar que puedan amedrentarlos o cooptarlos, porque sabemos incluso que les ofrecieron importantes sumas de dinero para no declarar".
El fiscal contó que "el segundo de los casos es anterior al que tomó estado público con la crucifixión del joven Robledo" y confirmó que fue calificado provisoriamente como torturas.
"Desde la Unidad Fiscal trabajamos con el aporte de distintas fuerzas de seguridad y desde la Regional V, con jurisdicción en el departamento Castellanos, están colaborando policías de las divisiones Judicial y Criminalística más personal policial de esta dependencia en la protección de los testigos, más efectivos de Investigaciones y de Asuntos Internos de Santa Fe".
Por su parte, De Olazábal explicó que "se está en presencia de tres hechos muy graves, pero aislados uno de otros con un grupo de personas que lamentablemente pertenecen a la fuerza policial y que van a ser castigados". "Se tiene al absoluta decisión de perseguir todo tipo de delitos. No estamos enfrentados con la policía sino que por el contrario contamos con su apoyo y colaboración", aclaró.
| Obligaban a los detenidos a ingerir materia fecal y orina |
| Se trata de los mismos policías santafesinos que la semana pasada fueron puestos a disponibilidad por haber crucificado a un joven en la ciudad cordobesa de San Francisco. También fueron acusados de privación ilegítima de la libertad y torturas |
Los mismos 12 policías que fueron removidos de sus cargos en el destacamento de Frontera por haber crucificado a un joven en la ciudad cordobesa de San Francisco, ahora están acusados de haber privado ilegítimamente de su libertad a dos personas y de haber obligado a uno de ellos a comer su propia materia fecal y beber la orina de otros. Pero aunque el fiscal general del ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Julio De Olazábal, pidió la prisión preventiva para 6 de ellos, bajo la sospecha “verosímil” que podrían afectar la investigación, el juez a cargo la rechazó y se encuentran libres. De Olazábal habló de “desborde” y “falta de control”.
En diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, De Olazábal confirmó que los acusados son los mismos que habrían crucificado a un muchacho de 27 años el viernes pasado con cinta de embalar. El fiscal explicó que este primer hecho que se conoció en realidad fue el último de otros dos casos similares detectados en la misma comisaría. Tal vez incluso, habría muchos más. “El simulacro de crucifixión fue el que conocemos primero pero el ultimo en el tiempo. Tras las investigaciones saltaron dos hechos iguales o peores para la dignidad humana”, explicó. Antes del caso del joven crucificado, los oficiales habrían torturado y mortificado a un hombre hasta llevarlo al límite, lo dejaron desnudo en una celda durante los peores días de frío y luego lo obligaron a ingerir sus propios excrementos y el orín de otros detenidos. Pero ahí no terminó todo, cuando la víctima vomitó del asco lo forzaron a esparcir su bilis por su cuerpo. Y aún antes que esto, en abril, los policías abrieron fuego contra una persona en el barrio Acapulco de la localidad de Josefina. Esta víctima casi pierde uno de sus dedos de la mano izquierda y tiene el fémur de su pierna derecha destrozado.
El fiscal señaló que las autoridades santafesinas tardaron en enterarse de semejantes vejaciones porque en Frontera, las víctimas acudían al hospital más cercano, ubicado en la cordobesa San Francisco.
“Estoy convencido que (estos abusos) están reducidos a Frontera, que no es una hábito, pero nos obliga a actuar personalmente para restañar la herida”, aseguró De Olazábal quien lamentó que el juez a cargo de los hechos haya descartado su pedido de prisión preventiva para los acusados. Señaló que le presentó el testimonio de algunas de las víctimas que reconocieron que fueron tentados a aceptar una suma de dinero a cambio de guardar silencio. |
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